Ponencia de la AMPR ante el R307 de la Cámara

Ponencia de la AMPR ante el R307 de la Cámara

Sometemos ante la consideración de la Comisión de Educación, Arte y Cultura de la Cámara de Representantes de Puerto Rico el análisis, comentarios y posición de la Asociación de Maestros de Puerto Rico (AMPR) en torno a la Resolución de la Cámara (RS) 307 que lee como sigue:

“Para ordenar a la Comisión de Educación, Arte y Cultura de la Cámara de Representantes de Puerto Rico, realizar una investigación sobre el posible cierre de escuelas públicas que forman parte del Departamento de Educación; a los fines de determinar los parámetros y estudios llevados a cabo para identificar y seleccionar cada una de las escuelas; analizar el impacto en la comunidad, identificar alternativas; y para otros fines relacionados”.

Agradecemos a vuestra señoría y a esta Comisión la oportunidad que nos brindan de manifestarnos sobre este tema, que ha copado la atención pública en las últimas tres semanas, cuando el Departamento de Educación de Puerto Rico (DEPR) divulgó ante el País la lista de 179 escuelas a consolidar, así como las escuelas receptoras de estas.

Según se desprende del récord público, las expresiones de esta presidenta han sido en la dirección de que se logró minimizar el impacto de una consolidación mucho mayor de escuelas que estaba proyectada desde hace varios meses, en parte a la crisis económica que experimenta el gobierno de Puerto Rico y que se verá reflejada en una reducción del presupuesto general. Esto, sin duda, tocará al DEPR. El trabajo de la AMPR ha estado enfocado en los últimos años en lograr que esos recortes no afecten la calidad académica y escolar, como tampoco al sector magisterial.

Este no es el primer cierre de escuelas que se proyecta. El cuatrienio pasado se consolidó cerca de 200 escuelas, como parte de un plan que el DEPR lleva desde hace varios años para garantizar un menor gasto de dinero, principalmente en el uso de facilidades. Según datos ofrecidos por el exsecretario de Educación, Rafael Román Meléndez, en una nota de prensa de Noticel de abril 2016, la matrícula estudiantil del sistema público ha experimentado una reducción de un 41%. Para ser exactos, de 731,000 estudiantes que teníamos en la década de 1980 hoy tenemos 368,000 con aproximadamente 1,368 planteles en uso. Aun así, es difícil para un educador aceptar que su escuela será cerrada y más difícil aún lo es para la comunidad en que ubica la escuela.  

Deseo consignar para el récord de esta Comisión que hemos estado en contra del cierre arbitrario de escuelas sin tomar en consideración la opinión de sus comunidades. En este caso particular que discute esta Comisión, la actual secretaria de Educación convocó a varios diálogos por regiones para escuchar el sentir de las comunidades escolares. Debo reconocer que, aunque este proceso debe mejorarse,  ha sido un ejercicio que debe repetirse para otros proyectos. Las críticas al proceso consisten en el poco tiempo que tuvieron los deponentes para la defensa de sus escuelas.

La AMPR ha estado, desde inicios de este año, realizando diálogos con las comunidades que fundamentan nuestra posición de que hay que mirar las particularidades de cada comunidad. Por tanto, nos dimos a la tarea de utilizar las mejores estrategias por la permanencia de estas escuelas que han solicitado nuestro auxilio, buscando un remedio a la determinación del DEPR. Tan pronto tuvimos conocimiento del cierre y consolidación de los planteles escolares, nos dimos a la tarea de analizar la Carta Circular 33-2016-17 y visitar las escuelas identificadas como candidatas a cierre según las categorías señaladas por la doctora Julia Keleher, secretaria del DEPR. Según la Carta Circular 33-2016-17, el DEPR constituiría un comité que recibiría la información recopilada por los funcionarios de los distintos niveles del Sistema, cuyos criterios son los siguientes:

· Informes estatales y federales

  • Efecto sobre comparabilidad
  •  Leyes federales y estatales

· Infraestructura

  • Capacidad de utilización de planta física
  • Condiciones de la infraestructura
  • Indicadores de salud y seguridad
  • Costo de reparación y mantenimiento

· Rendimiento académico

  • Beneficio académico
  • Indicadores de aprovechamiento, resultados META, promedio general, tasa de retención o graduación
  • Oferta académica (vocacional, educación especial, escuelas especializadas)

· Transportación escolar

  • Costo
  • Rutas
  • Localización de la escuela

· Matrícula actual y aprovechamiento de los últimos tres años. 

Como puede notarse los criterios para la identificación de escuelas candidatas a cierre incluyen la mayoría de los aspectos a considerar en un proceso de esta naturaleza. Estos criterios son bastante similares a los criterios de la carta circular anterior.  Sin embargo, para futuras ocasiones deberán incluirse, además:

  • Condiciones de la rutas que tendrán que transitar los estudiantes
  • Distancia entre la escuela a consolidarse y la receptora
  • Facilidades físicas de la escuela receptora
  • Contexto en el que ubica la escuela receptora

De nuestra parte, el trabajo realizado ha sido uno minucioso lo que nos permitió ver lo que quizás el personal del DEPR no vio en sus visitas. Los documentos de análisis permanecen en nuestro poder como evidencia de que hemos cumplido cabalmente y con diligencia con nuestro deber como defensores de la educación pública. Debo hacer constar para récord que el problema que tiene Educación es uno de gobernabilidad. Mientras existan gerenciales que colaboraron en la campaña de tal o cual no quieran realizar la función que se le encomienda, ningún Secretario tendrá éxito. Confío en que la Secretaria tomará acción disciplinaria con aquellos empleados que fallaron en realizar lo que se les encomendó.

No podemos obviar que el artículo 5.02 le concede la potestad al Secretario del DEPR de abrir y cerrar escuelas, temporal o permanentemente, y no establece criterios específicos para realizar esas acciones. Cada Secretario, conforme a la política pública del partido de gobierno, ha ejercido esa potestad, principalmente mediante cartas circulares.[1]

La reducción en población estudiantil podría ser vista como una gran ventaja competitiva para la escuela pública y su anhelo por lograr excelencia educativa. El ahorro en el DE, lejos de crearse cerrando oportunidades accesibles de estudios, debería provenir de la eficiencia en la gestión pública.  El tiempo que tiene para dedicarle a cada uno de sus estudiantes, por clase, sí depende de la cantidad de estudiantes que haya en el salón. Es por eso que alzamos la voz ante la realidad de que gana el estudiante cuando su maestro tiene tiempo de calidad para atenderlo. En un período de 50 o 60 minutos de clases con una matrícula de 30 estudiantes, la enseñanza individualizada que puede recibir un estudiante no sobrepasa los dos minutos. Sin embargo, un salón con 10 estudiantes, cada uno recibiría prácticamente la totalidad del tiempo de forma individual. Los colegios privados más selectivos del país promueven la garantía de la enseñanza individualizada, con salones donde la proporción de estudiantes es de 12 a 1.  De hecho, el gobierno federal tiene fondos destinados a lograr esa disminución de estudiantes por salón, a través del programa Federal Class Size Reduction.[2]

Agradecemos a la Asamblea Legislativa, y al proponente de esta medida, representante Luis Pérez Ortiz, por mostrar empatía con la educación pública puertorriqueña promoviendo una investigación abarcadora que puede servir como un apoyo sustancial a la causa que promovemos de una educación pública libre, accesible y de calidad.

Respetuosamente sometido,

 

Aida Díaz de Rodríguez, Ed. D.

Presidenta

 


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