Posición de la AMPR al RS 93 que ordena la investigación al SRM

Posición de la AMPR al RS 93 que ordena la investigación al SRM

Muy buenos días, senadora Migdalia Padilla Alvelo, presidenta de la Comisión de Hacienda de este Senado de Puerto Rico, y demás miembros de esta Honorable Comisión. Comparece ante ustedes la doctora Aida Díaz de Rodríguez, en calidad de presidenta de la Asociación de Maestros de Puerto Rico (AMPR), para exponer nuestra posición y comentarios en torno a la Resolución del Senado 93, que lee como sigue: 

Para ordenar a las Comisiones de Hacienda; y de Gobierno del Senado de Puerto Rico realizar una investigación detallada de la situación fiscal en la que se encuentra el Sistema de Retiro de Maestros del Gobierno de Puerto Rico.

Agradecemos la oportunidad que nos brinda de expresarnos en torno a esta importante pieza legislativa, ya que el espíritu de la medida es cónsono con la posición de la AMPR sobre nuestro Sistema de Retiro para Maestros (SRM).  Este año se cumple un siglo de haberse establecido el Fondo de Pensiones para Maestros, una de las acciones históricas más contundentes que tiene a su haber el magisterio en el siglo 20, toda vez que nuestra organización se fundó, precisamente, para adelantar esa gestión.  Ese proyecto, logrado por el representante Fulgencio Piñero, expresidente de la AMPR, sirvió de modelo para el establecimiento del retiro para los demás empleados públicos.

Un análisis del Sistema nos revela que el gobierno como patrono ha tenido un papel fundamental en la situación actual del mismo.  Según un estudio del Departamento de Salud para 1950, año en que se creó formalmente el Sistema de Retiro, la expectativa de vida de los participantes era de 60.9 años.  En la actualidad es de 78.7.  A pesar de este cambio, que es fundamental en la vida y solvencia de un sistema, nunca se legisló para atemperar los beneficios a la expectativa de vida de los participantes.  Por otro lado, durante décadas, contrario a lo que es su misión histórica, los sistemas de retiro del gobierno, incluyendo el SRM, fueron blanco de una práctica ilegal y nociva a los mejores intereses de los hombres y mujeres honrados que aportaron sus dineros a esos sistemas:  la utilización por parte del gobierno central de gran parte de ese dinero.  No fue hasta 1984 cuando reclamamos nuestros fondos que dichas aportaciones pudieron separarse del fondo general, por lo que el gobierno los utilizaba sin que a ciencia cierta sepamos si fueron o no restituidos en su totalidad.  Evidencia de esto la podemos encontrar en un artículo de prensa de una entrevista realizada en 1984 al entonces Secretario de Hacienda.  Fue entonces cuando el gobierno al verse impedido de usar nuestros fondos comenzó a tomar prestado para cuadrar presupuesto.  La diferencia es que mientras utilizaba nuestros fondos no nos pagaban intereses, al tomar prestado del mercado comenzó no solo a acumular deuda sino también a pagar intereses altos.

Otra de las razones por las que el Sistema llegó a esta situación lo ha sido el incumplimiento del gobierno con las aportaciones que según los estudios actuariales  como patrono debió haber realizado.  Si tomamos como ejemplo el año 2004, vemos que para ese año el sistema tenía 51 centavos por dólar comprometido.  Ese año los actuarios recomendaron que el gobierno, como patrono aportara $217,002 millones, pero sólo aportó $132,403 millones.  Así sucesivamente, para el 2005 debió haber aportado $220,821 pero sólo aportó $150,215 millones, para el 2006 la aportación debió haber sido de $341,160 millones y sólo aportó $147,597 millones.  Ese patrón se ha repetido a través de la historia de nuestro Sistema de Retiro.

Según datos obtenidos de la valuación actuarial para el año 2008 el sistema tenía 41 centavos por cada dólar comprometido.  Ese mismo año el gobernador Luis Fortuňo designó una comisión de la cual formé parte para estudiar posibilidades con el fin de buscar alternativas para inyectar fondos al sistema.  La comisión hizo recomendaciones, pero no vimos acción posterior.  Para esa misma fecha se había aprobado el retiro incentivado que inmediatamente aumentó en $27,528,850.00  la nómina por concepto de pago de beneficios a los retirados.  El número de retirados para el 2008 era de 30,762 versus 47,250 maestros aportando.  Posteriormente, para el 2009 a 2010  se  aprobó la  Ley 7.  El aumento a la nómina por concepto de esta Ley fue de $41, 996,575.  Para el 2011-12 el número de participantes activos se había reducido a 42,720 versus 36,483 retirados.  Para esa fecha ya el fondo se había reducido a 21 centavos por dólar. Para el 2016-17 el fondo recibía aportaciones de 33,533 maestros activos de los cuales una parte aporta al fondo de contribución definida versus 42,467 maestros retirados.  Para el 2005 la nómina por concepto de pago de pensiones ascendía a $375,262 millones.  Para el 2014-15 la nómina era de $754,669 millones y las contribuciones totalizaron $302,006.  Como se puede ver, ningún sistema de retiro se puede sostener con un número mayor de beneficiarios que los que aportan.

El sistema enfrenta un déficit mensual de flujo de efectivo de $30 millones.  Para el 30 de junio de 2017 el total de activos líquidos del Sistema será de aproximadamente $220 millones y los activos no líquidos serán de $360 millones.  La suma de las aportaciones individuales, el rendimiento de inversiones, aportaciones patronales y otras fuentes de ingreso suman aproximadamente $311 millones anuales, lo que presenta un déficit anual de $399 millones.

Las batallas que hemos librado defendiendo el SRM son hartamente conocidas.  Desde hace más de dos años venimos exponiendo públicamente que los activos del Sistema están en precario, llegando a su fin en el año 2018.  En el 2013 mientras se ventilaban las enmiendas al sistema formamos una coalición que sometió varias recomendaciones para atender la situación. Recomendamos un impuesto a los cigarrillos, un impuesto a bebidas carbonatadas, un impuesto a premios mayores de la lotería tradicional, el recobro por incumplimiento de los dineros otorgados como incentivos a compañías extranjeras que se comprometieron a crear empleos a cambio de los mismos, impuesto a las foráneas, entre otras. 

Somos consistentes con nuestros planteamientos de que el Gobierno tiene que encontrar alguna manera en cómo solucionar esta crisis, donde el recorte a las pensiones no es una opción. Recordemos la alta cantidad de pensionados que reciben un retiro de menos de $1,500 mensuales y otra alta cantidad que reciben pensiones mínimas, condenándolos a la indigencia y la miseria.  Esto aceleraría la crisis humanitaria que hemos previsto.

El Censo de 2010  coloca a Puerto Rico como el tercer país más envejecido del hemisferio, después de Canadá y Cuba, al tener un 23% de personas con más de 60 años.  Cada tres personas en Puerto Rico tiene más de 50 años, es decir, 1.2 millones de ciudadanos se levanta con la interrogante de cómo el País atenderá el panorama de envejecimiento de cara al futuro.  Los adultos mayores son quienes más sufren los estragos de la crisis que azota la isla, donde el 56% de esa población son mujeres.  El año pasado, por primera vez, la mediana edad de las mujeres superó los 40 años.  Un 6% de los abuelos tiene sus nietos  a cargo, siendo el 2.4 % responsable legalmente por éstos.  De este total el 60% vive en condiciones de pobreza.

En cuanto a la economía del país, el 11% del total de la fuerza laboral activa del país tiene 60 años o más; el 29% recibe ingresos de fondo de retiro con un promedio anual de $15,559; el 40% recibe asistencia nutricional, y el 41% es pobre.  

Otro asunto lamentable es la alta tasa de emigración, donde se estima que entre 1,800 y 4,500 en el año 2015 de los 89,000 emigrantes eran maestros.  En diez años, la emigración sobrepasa los 500,000 puertorriqueños.  Esa alta cantidad de maestros supone una alta cantidad de fondos que deja de devengar el SRM, en la medida que tiene menos participantes.

Esta Comisión de Hacienda, así como la de Gobierno, del Senado de Puerto Rico pueden tener la seguridad de que colaboraremos de manera incansable y afirmativa en proveer todas las ideas y sugerencias que nos soliciten para lograr que los maestros tengan la calidad de vida que merecen en sus años de vejez.

Respetuosamente sometido,

Aida Díaz de Rodríguez, Ed. D.

Presidenta


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