La presidenta de la Asociación de Maestros de Puerto Rico (AMPR), Aida Díaz, anunció que ante el reclamo de más de dos mil maestros con los que se han reunido en los últimos días han radicado un recurso legal donde se plantea un patrón de violación de derechos civiles por parte del Departamento de Educación (DE) y su secretario, Rafael Aragunde.
Díaz explicó que mediante este recurso, una sentencia declaratoria injuction permanente, se le solicita al Tribunal de Primera Instancia de San Juan que le de prioridad al caso porque afecta diariamente a miles de maestros a quienes se les ha negado el derecho a permanencia consagrado en la Ley 184. Según dijo el pleito, que espera se convierta en uno de clase, busca establecer que el DE ha creado miles de plazas transitorias para sustituir plazas regulares con funciones permanentes.
“Hemos identificado tres vertientes que el Departamento usa para burlarse de la Ley 184. En primer lugar, mantienen al maestro realizando las mismas funciones permanentes, pero continuamente le cambian el número de plaza para que no esté dos años ininterrumpidos en el mismo puesto. Otra forma es cambiando al maestro y ubicándolo en diferentes escuelas dentro del mismo distrito escolar o el Departamento elimina la categoría del puesto que viene ocupando el maestro y crea otra plaza transitoria distinta. Estimamos que hay sobre 4,000 maestros perjudicados por este esquema y por eso hemos acudido al tribunal, para que sea éste el que declare y valide los derechos de los maestros,” señaló Díaz.

De igual forma dijo que el DE no utiliza la lista de turno de elegibles para otorgar las plazas permanentes como dicta la ley lo que ha redundado en que maestros que llevan en su mayoría entre 8 y 14 años en el sistema aún no hayan alcanzado su status de probatorios.

La líder magisterial indicó también que el esquema elaborado por el DE, que se da a través de toda la isla, constituye una violación a los derechos civiles ya que afecta la permanencia de los maestros y perjudica el principio de mérito.
Finalmente, informó que envió una comunicación escrita al secretario Rafael Aragunde para indicarle que la AMPR está a la disposición para reunirse con él y su equipo de trabajo para explicarle cual es el procedimiento que debe seguirse de modo que no continué violando los derechos de los educadores.
“Nosotros esperamos que el secretario tome acción inmediata porque sabe que está violando la ley. Si el continúa el proceso de nombramientos y lo hace sin seguir el procedimiento que le explicamos entonces sería un violador a conciencia de la ley,” concluyó.